Consecuencias del incumplimiento del deber de transposición de la Directiva 2014/17/UE
Abstract
El Estado español ha incumplido el deber de transposición de la
Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrero, sobre los contratos de crédito celebrados
con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Existe, no
obstante, un mosaico normativo complejo, con teselas de distinta relevancia, que
entre sus objetivos comprende también la regulación de los créditos y préstamos
para la adquisición de la vivienda, sin exigir necesariamente que sea residencial o
habitual, salvo en algunos supuestos legales concretos. Aun cuando España ha
incumplido la fecha de transposición de la DCCBI, las entidades financieras y el
consumidor tienen a su favor un sistema normativo que protege sus intereses al
menos en una cuestión tan capital para la Directiva cual es la transparencia
bancaria. Serán los tribunales los que deberán ser conscientes de su labor
interpretativa de esta normativa conforme con la DCCBI; pero también las demás
autoridades, en particular los notarios y los registradores de la propiedad así como
el Banco de España deberán por su condición de garantes de la transparencia
bancaria asegurar mediante la interpretación que se logre la protección de los fines
de la DCCBI. A su vez, los consumidores podrán hacer valer sus derechos que les
concede la Directiva ante las instituciones públicas en virtud la eficacia directa que
se deriva de aquélla. Spanish state has failed to comply with his duties regarding the
transposition of Directive 2014/17/UE, of 4th February, on credit agreements for
consumers relating to residential immovable property. There is, nevertheless, a
complicated regulatory network (formed que by different rules with regard to its
importance) which seeks, amongst other goals, to regulate credit and loan
agreements relating to residential immovable property. Except some situations
specified in the rule, it is not required that the immovable property is considered habitual residence. Even this failure from Spanish legislator, financing entities and
consumers can count on a legal system that intends to protect their interests at
least relating to a capital issue as banking transparency. Hence, it is for the Courts
to interpret the law according to Directive 2014/17/EU (principle of conforming
interpretation with EU law). Likewise, other authorities such as Notaries Public and
Property Registrars as well as the Bank of Spain are bound to comply with the aims
targeted by the Directive as guarantors of banking transparency. On the other
hand, consumers can assert their rights before the public authorities thanks to the
direct effect of EU Directives
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