03 ¿Es un fraude de etiqueta el modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica español? Un análisis desde la óptica de la imputación objetiva, con énfasis en la institución de los deberes negativos y positivos en el Derecho Penal

Abstract

In the subject of criminal liability of legal entities, with the 2015 reform and the Higher Court Case STS /221/2016, Spain has adopted and consolidated a self-liability model, with its foundation on the self-act, which is related with the non-prevention of crimes committed by a natural person. Aside of the formalization of a self-act model, problems related to the figure of attribution of result are warned, generating a label fraud. With the intention of solving the aforementioned issue, a use of the negative and positive requirements of criminal law will be made, utilizing elements that intend to give a foundation to the judgment of the objective imputation, allowing to see with better precision, the link between the flaw of organization of the legal entity and the crime committed by the natural person; with the intent of rationalizing the criminal liability of the legal entities, avoiding the usage of a label fraud. En materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, con la reforma del año 2015 y la sentencia STS/221/2016, España ha adoptado y consolidado un modelo de autorresponsabilidad, con base en su hecho propio, que se identifica con la no prevención de delitos por parte de la persona jurídica en aras de evitar que responda por el hecho de la persona física. Al margen de la instauración de un modelo de hecho propio, se advierten problemas desde la óptica de atribución del resultado, generándose un fraude de etiqueta. Con la finalidad de superar el anterior impase, se hará uso de los deberes negativos y positivos del Derecho penal, como elementos tendientes fundamentar el juicio de imputación objetiva, permitiendo vislumbrar con mayor precisión el nexo entre el defecto de organización de la persona jurídica y el delito de la persona física; con miras a racionalizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, evitando incurrir en fraudes de etiquetas.