Se parte de la base que la educación inclusiva es la modalidad más equitativa, por lo que los Estados deben garantizar la universalidad y no exclusión del derecho a la educación de todas las personas. En consecuencia, consideramos que el derecho a la educación, debe interpretarse como el derecho a una educación inclusiva, garantizando la igualdad de oportunidades, facilitando las mejoras educativas y los instrumentos de apoyo necesarios, para que todo el alumnado pueda recibir una educación de calidad, sin ningún tipo de discriminación.