| dc.description.abstract | En pleno debate sobre la necesidad de mantener o no la organización provincial en España, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ha dado un impulso, al menos en teoría, a los órganos más representativos de dicho nivel local, a saber, las Diputaciones provinciales. De este modo, se ha pretendido fortalecer su posición institucional mediante el aumento de sus funciones de coordinación y supervisión de las competencias de los municipios, en ocasiones a costa de éstos. Sin embargo, el éxito o fracaso de esta reforma dependerá en gran medida de las decisiones que se adopten para su ejecución. En relación con ello, debe tenerse en cuenta la necesidad de reforzar el presupuesto de las Diputaciones, la esperada reforma del sistema electoral o, también, la interpretación que se haga de algunas ambigüedades presentes en la ley, que deberían resolverse en sentido favorable a la autonomía municipal. | es_ES |
